No han servido las más de 8.200 firmas que este miércoles fueron presentadas ante el Juzgado, con las que vecinos, amigos y familiares reclamaban la no ejecución del desalojo, teniendo en cuenta el estado de salud de Dolores, y que se le permitiera vivir en su domicilio hasta que se resolviera o bien la apelación de las medidas cautelares solicitadas o el propio juicio por nulidad del contrato que, según sostiene su familia, fue "un engaño urdido por su exmarido y apoyado por sus hijos para despojarla de su casa".
Dolores ya estuvo arropada el pasado 8 de abril por vecinos, amigos, familiares e integrantes del Grupo Stop Desahucios del Movimiento 15-M de Granada, para solicitar la paralización de su desahucio, que entonces fue pospuesto por el juez.
Su vivienda, que era la herencia de la familia, fue comprada por dos de sus hijos, a nombre de su empresa. La mujer, que está divorciada desde 1998 y no cobra prestación alguna, no cobró la parte que le correspondía, a cambio de tener el usufructo de la casa, para poder vivir allí.
Una vez acondicionada la casa y con Dolores viviendo ya en ella con normalidad, su hijo Fernando decidió arreglarle los papeles para que cobrase aunque fuera una pequeña pensión no contributiva. Dolores le firmó varios documentos para las gestiones que realizaría su hijo, que sin embargo no le contó, según la familia, que lo que suscribió era un contrato de alquiler entre la empresa y ella misma.
Según sus familiares, es el exmarido de Dolores el que está detrás de toda la operación, pues fue obligado a pagarle una pensión por un juez, y alegó que le abonaba el alquiler mensual de la vivienda. A raíz de esto, apareció la demanda de desahucio realizada por la empresa de los otros dos hijos contra su madre "utilizando de nuevo el mismo contrato reclamando unas cantidades mensuales de alquiler", "aunque el que utiliza este contrato y monta este procedimiento de desahucio es en realidad el exmarido, y sus hijos lo consienten".
