Víctimas de estafa inmobiliaria denuncian que llegaron a sufrir desahucios

Seseña
«Me quedé en la calle  con tres niños pequeños». Ésta es la triste experiencia que rememora José Antonio F., uno de los denunciantes de una estafa inmobiliaria que afectó a una treintena de compradores de casas (en su mayoría, parejas) y a tres promotoras en Seseña entre 1998 y 2003. La Fiscalía y las acusaciones particulares achacan lo ocurrido hace más de una década a un intermediario inmobiliario, Manuel V.L.,  que a la vez que se quedaba con dinero a cuenta de chalés en construcción, no lo pasaba a las promotoras que los edificaban. Así pudo quedarse con un total de 745.000 euros, aunque el acusado lo ha negado en el juicio que se ha abierto por estos hechos en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Afronta una petición total de pena de 12 años de cárcel.

El acusado, actualmente afectado de ceguera, estuvo acompañado en el banquillo de los acusados por una cuidadora.

En su declaración, F. comentó que cuando adquirió el chalé en 1999 a a V.L. , éste le convenció para darle un poder notarial con el fin de que vendiera un piso en el que entonces vivía con su familia en Getafe. Por este piso se obtuvo unos 60.000 euros, que debían haber sido descontados del precio del chalé junto a los cerca de 8.000 euros que  el pudo adelantar del coste del chalé. El problema es que el constructor nunca recibió este dinero, y F. terminó desahuciado del chalé. Pudo volver al piso de Getafe, pero adquiriéndolo al hombre al que se lo vendió V.L. por un coste total de unos 88.000 euros. F. reclama que el acusado, junto a la pena de cárcel, le devuelva todo lo pérdido.

Una situación similar vivieron Manuel R.S. y su mujer, que para aminorar el pago del chalé seseñero convinieron con V.L. en usar lo obtenido de la venta de un piso de un familiar fallecido situado en Madrid. Para ello le dieron un poder notarial, pero no fueron informados que con él V.L. iba a ser capaz de poner el piso a su nombre y venderlo por 60.000 euros, aunque estaba valorado en 84.000 euros. Y lo fundamental, no entregarlo al constructor de Seseña junto a un adelanto de unos 25.000 euros. Aunque al final compraron el chalé seseñero por otros medios, el desahucio del piso de Madrid sólo pudo ser suspendido  mientras se dirime el actual juicio al intermediario.

Una tercera familia, la que formaban Julián S. y su esposa, también perdió un piso en Fuensalida al querer adelantar parte del dinero que pedía V.L. por otro unifamiliar seseñero, aunqu el acusado no le entregó los 60.000 euros que obtuvo por la vivienda fuensalidana ni se lo pasó al constructor. Este hombre pudo comprar la casa en Seseña, donde ahora vive, con otros medios, y reclama lo que entiende que V.L. se apropió.

El resto de afectados sufrieron la pérdida de señales por los chalés que oscilan por caso entre los 3.000 y los 18.000 euros. Algunos obtuvieron la devolución de todo  o una parte tras llegar a un acuerdo con las empresas constructoras afectadas por la estafa, Tango, Picoer y APDI.

Por su parte, el acusado negó en su declaración haberse quedado con las cantidades entregadas por los compradores y que las hizo llegar a los promotores. Sin embargo, la fiscal destacó que esto se contradice con su declaración ante el juez instructor del caso, ante el que reconoció estos hechos. A preguntas del presidente del tribunal, V.L. afirmó que no conservaba recibos ni otros comprobantes de la entrega del dinero a las constructoras. Señaló que su trabajo con ellas se basaba en pactos verbales y abono de dinero en efectivo, aceptando que parte no se declaraba. Sí asumió que presentaba facturas a las constructoras para cobrarles comisiones por casas vendidas.

Piden responsabilidades a una promotora. 

Junto a V.L., está acusada como responsable civil una de las promotoras. APDI. F. señaló que el responsable de esta empresa estaba al tanto de la compraventa de vivienda que hizo V.L., y aún así se desentendió de lo que le sucedió.